Canal Uno: ¿democratización de la comunicación o captura silenciosa de lo público?

Por años, Canal Uno ha sido presentado como una alternativa en la televisión abierta colombiana: un espacio concesionado, de carácter público, pensado para ampliar la pluralidad informativa y dar cabida a productores nacionales. Sin embargo, los hechos recientes revelan una tensión profunda entre discurso y realidad, que hoy pone en entredicho el rumbo de la política de comunicaciones del Gobierno.

Un canal público bajo disputa

Canal Uno opera mediante una concesión otorgada en 2017 a Plural Comunicaciones S.A.S., con una vigencia que, según interpretaciones legales, podría extenderse hasta 2037. No obstante, el presidente Gustavo Petro anunció la apertura de una nueva licitación, argumentando la necesidad de transformar el modelo del canal y ampliar el acceso a cooperativas, periodistas independientes y productores nacionales.

El anuncio, lejos de cerrar el debate, lo encendió. La pregunta central no es solo jurídica —si el contrato puede o no darse por terminado— sino política: ¿qué intereses se están priorizando realmente en el manejo de un bien público como el espectro televisivo?

PRISA y la sombra de la concentración mediática

El foco de la controversia se desplazó rápidamente hacia la presencia del Grupo PRISA en la parrilla de Canal Uno. A través de acuerdos con Caracol Radio, empresa del conglomerado español, una parte significativa de la programación pasó a ser ocupada por contenidos de este grupo.

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación por una posible integración empresarial no notificada. Según la SIC, la magnitud y permanencia de los contenidos podrían configurar control operativo, una figura que exige reporte previo y evaluación por parte del Estado.

Este punto es clave: no se trata de censura ni de líneas editoriales, sino de concentración económica en el uso de un recurso público. En otras palabras, si un conglomerado privado —y extranjero— termina ocupando la mayor parte de un canal concesionado, la promesa de pluralismo queda seriamente comprometida.

Garantías para unos, silencio para otros

Aquí emerge una de las críticas más fuertes desde sectores del progresismo y del movimiento audiovisual nacional: mientras se habla de “agendas abiertas” y “garantías” para grandes grupos mediáticos, los productores nacionales, las empresas audiovisuales colombianas y los creadores independientes siguen reclamando condiciones reales de acceso.

La paradoja es evidente. Se invoca la economía social de mercado, pero las decisiones prácticas parecen favorecer a actores con músculo financiero y poder político, en detrimento de quienes históricamente han quedado fuera del ecosistema mediático dominante.

Para críticos como el senador Wilson Arias, el mensaje es preocupante: se abren las puertas a medios que han sido abiertamente críticos del proyecto de cambio, mientras se cierran —o se postergan— las demandas de fortalecimiento de los medios públicos y nacionales.

¿Libertad de prensa o blindaje corporativo?

Desde Canal Uno y sectores cercanos al conglomerado mediático se ha denunciado persecución política y ataque a la libertad de prensa. Es un argumento sensible y legítimo en una democracia. Sin embargo, también es necesario precisar: regular la concentración económica no equivale a censurar contenidos.

La libertad editorial no puede convertirse en un escudo para evadir controles de competencia ni para normalizar la captura de lo público por intereses privados. El debate, por tanto, no es prensa versus Estado, sino pluralismo versus concentración.

Un progresismo en contradicción

El discurso oficial habla de democratizar la comunicación. Los hechos, en cambio, muestran una política ambigua: mientras se confronta a algunos grandes actores, se negocia con otros; mientras se promete abrir espacios, se consolida la presencia de conglomerados ya dominantes.

Si el progresismo pretende ser coherente, el estándar debe ser el mismo para todos: garantías claras para medios públicos, reglas estrictas contra la concentración y una apuesta real por el ecosistema audiovisual nacional. De lo contrario, el riesgo es evidente: maquillar decisiones tradicionales con lenguaje de cambio.

Conclusión

Lo que ocurre con Canal Uno no es un asunto técnico menor. Es una disputa por el sentido de lo público, por quién tiene voz y por cómo se administra un recurso que pertenece a toda la sociedad.

La pregunta sigue abierta y es incómoda:
¿se está democratizando la comunicación en Colombia o simplemente redistribuyendo el poder mediático entre los mismos de siempre, bajo un nuevo relato?

El Congreso, los organismos de control y la ciudadanía tienen la responsabilidad de no dejar que este debate se cierre en silencio.