Reforma a la Ley 30: el giro histórico en la financiación de la universidad pública
Durante más de tres décadas, la educación superior pública en Colombia cargó con una contradicción estructural: cada año recibía más estudiantes, pero no más recursos reales. Esa distorsión nació con la Ley 30 de 1992, que fijó una fórmula de financiación que nunca se actualizó frente al crecimiento de costos, cobertura y responsabilidades de las universidades estatales.
El resultado fue una crisis persistente: déficit financiero crónico, infraestructura deteriorada, limitaciones en investigación, precariedad en bienestar estudiantil y paros universitarios recurrentes. La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, recientemente aprobada, busca corregir ese problema de fondo.
¿Qué cambia con la reforma?
Según el Gobierno, la modificación actualiza el modelo de financiación para que los recursos crezcan de acuerdo con los costos reales del sistema universitario. En términos presupuestales, se afirma que la inversión pasa de cerca de $5,5 billones a $12 billones en 2025, incluyendo la política de gratuidad, con el objetivo de avanzar hacia una financiación equivalente al 1 % del PIB.
Este ajuste permitiría fortalecer la capacidad financiera de las universidades públicas, reducir su dependencia de ingresos propios y mejorar la planeación a mediano y largo plazo.
Más cobertura y presencia territorial
El Ejecutivo sostiene que la educación superior pública alcanza hoy cerca del 60 % de cobertura. La reforma se presenta como una herramienta para ampliar cupos, abrir nuevas sedes y extender la presencia universitaria en territorios históricamente excluidos, donde el acceso a la educación superior ha sido limitado o inexistente.
La narrativa oficial insiste en que el crecimiento no es solo en matrícula, sino en llegada efectiva del Estado educativo a regiones marginadas.
Equidad, gratuidad y calidad
Uno de los ejes centrales del discurso gubernamental es el enfoque de derechos. La educación superior deja de presentarse como un privilegio y se consolida como un derecho, reforzando la gratuidad y las condiciones de permanencia estudiantil.
En paralelo, se plantea una mejora en la calidad académica: inversión en infraestructura, laboratorios, investigación, condiciones docentes y bienestar universitario, áreas que durante años fueron sacrificadas para cubrir déficits básicos.
El peso de la movilización estudiantil
Un elemento clave del mensaje oficial es que la reforma no se atribuye únicamente al Gobierno. Se reconoce como el resultado de décadas de movilización estudiantil, paros nacionales y protestas contra la desfinanciación de las universidades públicas.
En ese sentido, la reforma es presentada como una victoria histórica del movimiento estudiantil y de la juventud colombiana, más que como un simple ajuste técnico o administrativo.
Un mensaje político con proyección
El tono del anuncio es celebratorio y claramente político. Busca mostrar cumplimiento del programa de gobierno bajo la consigna #PetroLeCumpleALaEducación, reivindicar a los jóvenes como actores centrales del cambio y posicionar la reforma como un hito comparable con estándares internacionales, incluidos los de la OCDE.
Al mismo tiempo, el Gobierno deja abierta la puerta a una futura Reforma Integral del sistema de educación superior.
En síntesis, la reforma a la Ley 30 representa un cambio estructural largamente exigido: más recursos, mayor acceso, gratuidad y mejores condiciones para la universidad pública, presentada como una conquista histórica impulsada por la lucha estudiantil y asumida políticamente por el gobierno de Gustavo Petro
